Article premsa. ¡Es la política, estúpido!

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200328/48135212174/es-la-politica-estupido-coronavirus-enric-bataller.html?fbclid=IwAR0Si0lp5sk1iidmRlECc1XVSz0nAq2cZR7V8FP5LeDyNjFooLVwoL208MM

Lo último que le hace falta ahora a la renqueante Unión Europea es proyectar al mundo la patética imagen de división que está lanzando con su incapacidad para establecer mecanismos de ayuda colectivos para la superación de la crisis del COVID-19. Todos sabemos que el espacio europeo se compone de 27 miembros con intereses diversos y hasta divergentes, con actitudes hacia el progreso y la igualdad que van desde la vanguardia de la integración social hasta la xenofobia más exasperante. Todos sabemos también de la gran disparidad de sus economías, que oscilan desde el status quasi colonial hasta el liderazgo planetario en productividad y eficiencia.

Cada situación exige una política, y a partir de ahí llamamos a los técnicos para que nos ilustren sobre la mejor manera de llevarla a cabo. Esto lo ha entendido hasta Trump con su “Ley de Alivio”, pero no parece que de momento vaya a ser asumido con naturalidad por la totalidad de la Unión Europea. Creo que se equivoca quien vea en el presente enfrentamiento interno europeo una simple manifestación de las diferencias Norte-Sur, de la disparidad entre unos países germánicos prósperos y saneados y unos estados mediterráneos endeudados y desorganizados social y económicamente. Ése es un esquema ampliamente superado, al menos por las Comunidades Autónomas del Mediterráneo español, a causa del elevado grado de mezcla existente entre nuestros intereses y los de países que, como Alemania y Holanda, se están negando a cualquier mecanismo de mutualización de deudas para superar la crisis.

Nuestro territorio es la casa (sí, la Casa) de centenares de miles de europeos que pasan aquí todo el año o buena parte de él. No se trata sólo de jubilados que se instalan para gastarse con nosotros su pensión, sino de una tupida red económica que engloba miles de negocios de hostelería, sanitarios, ocio y cultura, inmobiliarios, y un largo etcétera, gestionados por extranjeros comunitarios para los miembros de sus comunidades nacionales, y que lógicamente provocan un continuo flujo económico y relacional con el país de origen. Cualquiera que pasee por La Marina, por la costa de la Vega Baja y del Vinalopó, por la Costa Daurada o por las islas Baleares capta de inmediato esa realidad que mueve millones diariamente, sea invierno o verano. 

Hace sesenta años, cuando ni siquiera existía como tal la Unión Europea, los países que ahora miran hacia otro lado cuando les pedimos solidaridad empezaron a sentar las bases de un modelo que incorporaba nuestro espacio mediterráneo, como lugar de descanso primero, y luego como zona de vida. Esto ha llevado a que nuestros sistemas sanitario y escolar atiendan a un volumen significativo de población foránea, con el consiguiente ahorro que reporta a los países de procedencia, al tiempo que éstos reciben de vuelta importante capitales generados por los negocios que sus empresas desarrollan en nuestro suelo, y al tiempo que sus bancos se benefician de los ingresos extra que consiguen aquí sus residentes mediante los alquileres turísticos, generalmente en escasa transparencia para la Hacienda española, que tampoco ha estado muy diligente en su persecución, todo sea dicho.

Sí, asumámoslo, somos, un lugar de rentables negocios para nuestros amigos del Norte. Añadan a esto que, gracias a nuestro buen sistema educativo, miles de universitarios formados emprenden anualmente el camino de Europa para ayudarla a renovar su tejido laboral envejecido o emigrado a otras latitudes. Flujos de ida y vuelta, en suma, que nos hacen imprescindibles para mantener el standard de calidad de vida que han disfrutado allá arriba en las últimas décadas. Así pues, estamos condenados a entendernos igualitariamente, aunque ellos sigan teniendo las llaves de sus presupuestos nacionales.

Esta es la situación real sobre la que ha de hacerse la política que interesa a la sociedad valenciana. Alguien tendrá que ir a Europa a decir esto alto y claro, y veo difícil que lo haga nuestro Gobierno central, bastante desconocedor del territorio que controla (pero ni promueve ni defiende) e imbuido por la idea centralista de que somos simplemente la playa de Madrid, habitantes furtivos de un inmenso chiringuito que cierra al acabar el verano y reabre con los siguientes calores. 

Esta crisis debe servir para alzar la voz en defensa de una economía como la nuestra, europea porque no se entiende sin su interrelación con el espacio allende Pirineos. La inoperancia del Estado español ante sus socios comunitarios, y posiblemente ciertos intereses creados, han motivado que nuestra agricultura e industria hayan sido moneda de cambio fácil en las mesas negociadoras. Ahora estamos en un contexto distinto, porque no evitar la ruina de nuestros servicios públicos a causa de la pandemia equivaldrá a traer la ruina al amable way of life de que disfrutan ahora los europeos occidentales con nosotros. Esto es lo que hay que explicar a los insolidarios y reticentes en apoyo de los “coronabonos”: no se peguen un tiro en el pie. ¿Quién va a ir a Europa a decirlo?

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